Parece mentira que un Diputado
hace 100 años atrás legislara sobre lo mismo y remarque los mismos problemas
que pasan hoy. Obviamente, es también para hacer una gran autocrítica sobre el
rol del Estado Argentino, ausente a la hora de eliminar este flagelo que golpea
en los sectores con menores recursos.
Como lo denunciara Palacios en su
época, la Trata de Personas es un delito de clase y no podría llevarse adelante
sin la connivencia de sectores de la Policía y la Justicia, más la condición de
vulnerabilidad que sufren las mujeres en situación de prostitución; Alfredo
Palacios decía al respecto: “Yo entiendo Señor Presidente que se trata
de una institución inherente al régimen económico actual, y que sería pueril
pretender desarraigarla mientras existieran todas las condiciones que la
determinan. De ahí que mi proyecto tienda sólo a que desaparezca la
prostitución forzosa y el tráfico que realizan los miserables a quienes el
antiguo derecho francés castigaba con el látigo, la marca y la picota”.
La Ley Palacios fue tan
revolucionaria como efectiva. En 1930, producto de una denuncia, la Justicia
dictó la prisión preventiva de 108 de los más de 400 proxenetas polacos que
integraban la “Zwi Midgal”, que era la organización de Trata más importante que
existió en Argentina y que explotaba a cerca de 3.000 mujeres. Esto quedaría impune al
poco tiempo, con la llegada de la primera dictadura del Siglo XX y la Década
Infame. Así y todo, no se podían ocultar los efectos de la nueva ley. En
ocasión de uno de sus cumpleaños, Alfredo Palacios recibió una carta muy
escueta que decía: “Usted no me conoce, doctor, pero soy de las tantas jovencitas que allá
por 1914 me salvó de las garras del hampa. Me trajeron adolescente de Varsovia,
engañada, creyendo que me ponía a servir en casa de familia honesta que me daría
educación, pero caí. No se imagina, doctor, lo que pasé. Me golpearon, me
encerraron, me hicieron prostituta. Estaba vencida, entregada, no conocía a
nadie a quien acudir. Pero se levantó su voz y los explotadores se acobardaron;
tenían miedo de usted, de esa ley que había conseguido, la Ley Palacios, como
después la llamaría el pueblo. Usted, doctor, salvó a una joven inocente.
Cuántas como yo se han salvado. A usted le debo todo. Muchas, muchas gracias”.
La aberrante resolución que dictó
la Sala II de la Cámara Penal absolviendo a los acusados del secuestro y
desaparición de Marita Verón, se convirtió en el símbolo de la lucha y nos
mostró la enorme distancia que hay entre ese fallo que intentó perpetuar la
impunidad y una inmensa mayoría social que clama por verdad, justicia y
condena. Desarmar el entramado de redes de delincuentes, poder
económico y poder político que hace que en promedio 1 mujer cada 3 días sea
capturada para ser explotada sexualmente, es la tarea pendiente del
Estado Argentino.
Es por eso que hoy tenemos que
reafirmar nuestro compromiso, como lo hiciera hace 100 años Palacios, en la
lucha contra la Trata y cualquier tipo de explotación sexual. También reconocer
y apoyar fuertemente a las numerosas organizaciones no gubernamentales que se
dedican al tema y a las personas, como Susana Trimarco, que se comprometieron
con la búsqueda y asistencia a las víctimas de este delito que es un claro acto
de violación a los Derechos Humanos. Es hora que en nuestro país nos pongamos a
debatir y diseñar una política de Estado para enfrentar este problema, para que
Nunca Más haya una Marita Verón,
Cristina Ojeda o Florencia Penachi en la Argentina.
